Comuneros están abiertos a dialogar con el gobierno

Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche, Luis Menares y Jonathan Huillical insisten en que atentado contra fiscal es "un montaje".

Más de 50 días en huelga de hambre cumplen Héctor Llaitul, Ramón Llainquileo, José Huenuche, Luis Menares y Jonathan Huillical, detenidos y acusados de atentar contra el fiscal exclusivo para causas mapuches, Mario Elgueta, así como de delitos de incendios terroristas. La medida de presión la iniciaron para evitar ser enjuiciados por Ley Antiterrorista y con un doble proceso en la justicia civil y militar. Desde la cárcel El Manzano los comuneros respondieron un cuestionario enviado por este medio.

- ¿Cuál es su estado de salud a 53 días de la huelga de hambre?

-Nuestro estado de salud no es bueno, ya que el debilitamiento conlleva mareos, cefaleas, calambres, y los últimos días estados de descompensación. Anímicamente aún estables y convencidos de nuestra determinación por la justicia de nuestras demandas, pero resignados a que esto sea duro por la tozudez de las autoridades y su nula voluntad para resolver la situación.

-¿Qué harían si la Corte Suprema autoriza la alimentación forzada?

-Hemos decidido oponernos por todos los medios. Esperamos que los ministros de la Suprema tengan mayor visión y se ajusten a las recomendaciones internacionales.

- ¿Cómo llegan a la convicción de que la huelga de hambre es la única manera de lograr sus demandas?

-La huelga permitirá crear conciencia en la opinión pública sobre las injusticias procesales a las que estamos sometidos. Es el último y el único recurso que nos queda, después que se han agotado todas las formas de reclamo y en donde el Estado chileno nos cerró toda otra posibilidad. La responsabilidad es de las autoridades políticas y las instituciones judiciales, del Ministerio Público, quienes llevaron al extremo y se ensañaron reprimiendo y persiguiendo a los mapuche.

-¿Están conscientes de los riesgos que corren con esta medida?

-No tenemos otra alternativa. Es duro optar, pero preferimos arriesgar nuestras vidas ahora a vivir condenados en prisión muchos años, con el riesgo de morir de viejos encarcelados. Nosotros arriesgamos más de 70 años de cárcel y nuestro hermano Héctor arriesga 103 años en la justicia civil y 25 años en la militar. Si no protestamos de esta forma seríamos injustamente condenados, a través de montajes y con legislaciones que no nos permiten el derecho a defensa. Que alguien nos diga cómo podríamos tener garantías a un juicio justo con testigos sin rostro, con secreto de investigación o secreto de sumario y con la posibilidad de que se consume el montaje con la prefabricación de pruebas.

- ¿Cómo responden a las acusaciones de ser los autores del atentado al fiscal Mario Elgueta?

-El ataque al fiscal nunca existió; no es verdad lo de la "emboscada al fiscal" y su comitiva. Esa versión es de los fiscales y la policía, y fuertemente respaldada por la prensa de derecha y oficial. Es parte de un montaje que pretende la criminalización de la justa protesta mapuche y busca condenar a dirigentes y militantes mapuche que han sido consecuentes en la defensa de los derechos territoriales y políticos de las comunidades. Lo que se pretende es defender los intereses de las empresas forestales y mineras que ambicionan espacios que reclaman las comunidades mapuche. ¿Cómo podríamos realizar un atentado, como dice la acusación, a 200 metros de nuestras casas, de nuestros propios domicilios? Eso no resiste análisis. Lo que ocurrió realmente al interior de la comunidad de Choque fue un enfrentamiento entre comuneros y Fuerzas Especiales de Carabineros e Investigaciones, en el marco del denominado conflicto mapuche, agudizado en el último tiempo, debido a la militarización de la zona mapuche y a la fuerte represión hacia las comunidades.

-En caso que se materialice la mesa de diálogo, ¿qué solicitarían y en que no estarían dispuestos a transar?

-Nosotros somos los más interesados en que se abra un diálogo, y agradecemos a la Iglesia en su llamado a que éste se concrete; entonces la palabra la tiene el gobierno. Pero dejamos en claro que no terminaremos nuestras demandas hasta no obtener garantías reales que nos permitan un juicio justo porque eso es lo que queremos. Nosotros no pedimos clemencia, sólo pedimos justicia, y la forma de resolver está al alcance de las autoridades, en el fondo es un asunto de voluntad política. Si el gobierno dice que no habrá diálogo si la huelga de hambre se mantiene, esta no tendría solución y aquí habría un desenlace nefasto y triste. Pero la huelga es lo único que tenemos para el logro de nuestras demandas. Una vez que tengamos documentos en mano, con soluciones reales, reconsideraremos la medida.

- ¿Qué responden a los dueños de predios que están tomados y que ustedes demandan como propios?

- Nosotros no demandamos derechos territoriales y políticos en contra de particulares de clase media, parceleros y no mapuches pobres. Nuestra lucha es contra de los grandes terratenientes que aún existen en territorio mapuche y sobre todo contra el empresariado comprometido con la usurpación histórica de nuestro territorio ancestral, como son las forestales, mineras, hidroeléctricas, quienes pretenden invadir nuestros espacios en forma destructiva, depredatoria.

-¿Cuál es su postura con respecto a los testigos protegidos?

-El Tribunal de Cañete los desestimó, creemos que porque no responden a las garantías constitucionales para un debido proceso. Ya nuestra defensa tiene antecedentes de que muchos de los testigos sin rostro son "profesionales", es decir, pagados, incluso por privados y que están dispuestos a mentir con impunidad, otros con serios sesgos antimapuches o comprometidos con usurpaciones de tierras y finalmente otros obligados a través de extorsiones. Esperamos que la Corte de Concepción no los acepte.